Nominado enfrenta
demanda por discrimen político en el Tribunal Federal
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Jiménez (izquierda) aseguró que Thomas no cuenta con el carácter
para ocupar un puesto en la judicatura. Fotos / Suministradas
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Por Francisco
Quiñones Maldonado
Jornada Noticiosa
Por discrimen
político. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez le envió
ayer al Gobernador y al Presidente del Senado una resolución
aprobada por su legislatura municipal, y firmada por él, rechazando
el nombramiento del actual secretario del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos, Vance Thomas Rider como juez superior.
La medida,
presentada por el propio Alcalde el juevez reza que una vez el otrora
candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista
Puertorriqueño, asumió las riendas del DTRH “comienza un patrón
de discrimen contra municipios que tiene alcaldes que no corrieron
bajo el partido al que pertenece el Gobernador… Entre tales
decisiones se encuentra el haber discriminado de manera clara y
políticamente marcada contra nuestro pueblo en la distribución de
los fondos comúnmente llamados de Ley 52”.
De manera enérgica,
Jiménez afirmó a Jornada Noticiosa que acciones como esa
descalifican a Thomas Rider para ocupar una posición como juez. “Una
persona que discrimina políticamente contra otras personas, no tiene
los elementos necesarios para impartir justicia y mucho mas, cuando
un juez debe ser imparcial”, afirmó el Primer Ejecutivo pepiniáno.
Demandado por
discrimen político
De hecho, el
designado juez fue demandado por discrimen político en el Tribunal
Federal por la controversia con los fondos de Ley 52,, caso que
actualmente se ventila en ese foro y en el que según Jiménez, el
DTRH aceptó un preacuerdo. “Vance Thomas fue demandado por
nosotros en el 2014 como consecuencia de discrimen en la distribución
de los fondos de Ley 52, que son para la creación y mantenimiento de
empleo. El caso se esta viendo en el Tribunal Federal y ya ellos
tuvieron que como parte de un preacuerdo, se distribuyeron los fondos
de forma equitativa”, dijo. Específicamente, y según se detalla
en la Resolución número 15 de la Legislatura Municipal de Pepino,
ese año a su municipio solo se le asignaron 70,000 dólares de los
fondos de Ley 52, mientras que municipios con alcaldes populares y un
indice de desempleo menor que el de San Sebastián (como fue el caso
de Rincón) recibieron sumas ascendentes a $176,998.
La situación, según
el Ejecutivo Municipal, provocó la perdida de empleos y el que el
municipio dejase de realizar algunas obras para seguir brindando los
servicios que se vieron afectados debido a la falta de personal.
Jiménez manifestó que por el trasfondo político del designado,
habría esperado que su comportamiento fuese diferente ya que, al
haber militado en el Partido Independentista, probablemente vivió
en carne propia el discrimen político, “pero éste señor se dejó
absorber por la colonia”.
Fue el jefe de
Sally López
Jiménez
recordó además que el ahora designado juez superior fue el jefe de
la convicta exdirectora de la Administración de Desarrollo Laboral,
Sally López y que la funcionaria estaba bajo su supervisión
mientras se ejecutaba el esquema de corrupción por el que esta fue
convicta junto al otrora recaudador del PPD, Anaudy Hernández. Si
bien el funcionario no esta vinculado al caso, las ferias de empleo
que fueron utilizadas para el saqueo de fondos públicos se dieron
como parte de su gestión en el DTRH.
“Ese es otro elemento que tiene que considerar el Senado
para confirmar o no confirmar este señor. No tiene los elementos
para impartir justicia en un tribunal”, sentenció el Alcalde.
Por último y aunque
reconoció que existen excepciones a la regla, Jiménez dijo ser de
los que cree que una figura vinculada a la vida política, no debe
ser nombrada a una posición en la judicatura. “Yo creo que el
político una vez perdió, no lo deben nombrar en puestos, mucho
menos como éstos, porque siempre va a estar manchado por la
política”, sotuvo.
